Artículo de Opinión de Jesús Miguel Sánchez Espín

El martes pasado Caravaca revivía lo que ya ha acontecido a lo largo y ancho de la geografía española en los últimos años; el ayuntamiento intervenido por las fuerzas del orden, el revuelo mediático y las tertulias populares. La investigación será larga y, según la inercia judicial a la que estamos acostumbrados, no habrá condenas ni castigos ejemplares. Incluso es previsible la victoria de los imputados en las próximas elecciones. Es un modelo que se cumple.

La corrupción urbanística en nuestro país es tan habitual que de ella pueden ya elaborarse estudios científicos rigurosos. Es el caso de lo que ha hecho el Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, en Islas Canarias. En un reciente artículo titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España*, a partir de todos los casos desde el año 2000 se construye una estadística de nuestra podredumbre política y el papel de los alcaldes en la reconfiguración de los entramados caciquiles de nuestra reciente democracia.

El estudio pone de manifiesto la magnitud del problema con datos escalofriantes. Sirva como ejemplo esta cifra: el número de habitantes de los municipios afectados por casos de corrupción alcanza los 26,3 millones, más de la mitad de la población española. Si además tenemos en cuenta que el número de casos se concentra en gran medida en el Arco Mediterráneo hay un 80% de posibilidades de que usted, lector, sea uno de aquellos que han sido timados por sus gobernantes.

Pero hay más. Los académicos que firman el artículo establecen un ránking de comunidades autónomas cuyos municipios están afectados por corrupción urbanística. ¿Adivinan cuál es la primera? Exacto, Murcia. Nuestra comunidad ocupa la cima con un 57,8% de municipios afectados por escándalos urbanísticos, con mucha ventaja sobre Canarias, con un 39,8%. Murcia y sus políticos tienen el honor de multiplicar por siete la media nacional de municipios afectados (8,3%). Teniendo en cuenta –nos dicen los académicos canarios- que los casos conocidos son la punta del iceberg, es más que probable que este cáncer de enriquecimiento personal y favores caciquiles crezca hasta el 80% o el 90% de los municipios. En resumen, si escupimos por la ventana, es casi seguro que la flema aterriza en algún político con las manos sucias.

En semejante panorama nos toca contemplar el caso Roblecillo de Caravaca. Lo que viene ahora lo conocemos: un juez maligno y contrario al partido de gobierno, defensa de la honorabilidad, “in dubio pro reo”, blá blá blá. La única verdad cierta e irrefutable es que Caravaca está en Murcia y, con la presunción de inocencia en una mano y lo que ya hemos aprendido del urbanismo en la otra, apostar al caballo ganador no es difícil.

Artículo de Opinión de Jesús Miguel Sánchez Espín