Las organizaciones ambientales Caralluma y Ecologistas en Acción y la Asociación de Regantes en Defensa de la Vega del río Argos (Ardevas) han denunciado, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Dirección General de Medio Ambiente, que en diversos caminos de Calasparra «se están ejecutando obras destinadas al Plan de Modernización de los Regadíos de las aguas Reguladas por el Embalse del Argos, y que estarían incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de dicho proyecto, publicada en el BOE nº 174 de 19 de julio de 2010», según ha informado Ecologistas en acción en un comunicado.
Debido a los valores ambientales de la zona, la DIA establece una serie de medidas correctoras de obligado cumplimiento para minimizar el impacto ambiental de dicho proyecto.
Respecto a la protección de la fauna de la zona, la DIA establece la obligación de que los trabajos se desarrollen según un calendario en el que durante los meses de marzo a agosto no se podrán realizar trabajos como los denunciados por las organizaciones arriba indicadas, precisamente para «que los trabajos no coincidan con la época de cría del mayor número de especies».
La organización Ecologistas en Acción ha indicado que zona en la que se están produciendo los hechos denunciados es «un ecotono que reúne una gran diversidad biológica por ser confluencia de distintos hábitats, además de zona de campeo y nidificación de rapaces, como águila calzada, gavilán y alcotán, de aves forestales como la tórtola común, oropéndola y pito real, o de alaúdidos como la totovía y cogujada, entre otras especies».
Algunas de ellas «están protegidas por directivas europeas o catalogadas de interés especial en el estado español». Además, «son muy sensibles a este tipo de actividades molestas en el periodo de cría, poniendo en peligro el éxito reproductivo de este año, con las consecuencias que ello conlleva para determinadas especies».
Las organizaciones ambientales han solicitado «la paralización inmediata de las obras, por incumplir claramente una de las principales medidas impuestas en la DIA, y la apertura de un expediente sancionador a varias empresas promotoras».
Asimismo, las organizaciones han anunciado su intención de elevar la denuncia a la vía judicial, ya que consideran que «puede haberse cometido un delito ambiental al incumplir una medida correctora de la DIA, impuesta precisamente para evitar la afección al periodo de nidificación y cría de numerosas especies del entorno».
