Desde Izquierda Unida Verdes Cehegín, queremos insistir en nuestro firme compromiso de servir a los habitantes del municipio, siguiendo nuestra línea de actuar frente a todas aquellas irregularidades o problemas, por pequeños que sean, siempre que vayan en contra de los intereses de la mayoría, o en favor de tan sólo unos pocos, como es costumbre en nuestro pueblo.
En esta ocasión, a raíz de dos preguntas realizadas por el concejal de nuestro grupo, José Santos Abril Botía, en el Pleno celebrado el pasado viernes 30 de junio, fueron suspendidos dos cursos que se iban a impartir a lo largo del mes de junio, al parecer por que se había obviado la legalidad vigente en el momento de autorizarlos.
Las preguntas formuladas no hacían referencia a una actividad concreta, pero dadas las fundadas sospechas de ciertos hechos irregulares en la escuela de música municipal, se procedió a visitar la misma por parte de integrantes de izquierda unida local, observando diversos carteles que anunciaban cursos u otras actividades, y preguntado exactamente “¿Quién organizaba dos cursos que estaban anunciados en las dependencias de dicha Escuela Municipal de Música?”, lo que fue sorprendentemente respondido por el concejal del PP Nicolás del Toro, diciendo que “no tenía ni idea de lo que le hablaba, que no sabía que cursos eran, ni quien los organizaba…” a lo que nosotros añadimos que tampoco sabía,¿quién iba a cobrar por impartir dichos cursos en dependencia municipales?, ya que no sabía “que cursos eran”. O tal vez sí.
Señalamos a Nicolás del Toro, como único responsable de cancelar la realización de dos cursos intensivos en junio en las dependencias municipales, de la ya mencionada Escuela de Música. Lo señalamos también como responsable de no velar porque cualquier actividad qué se realice bajo la responsabilidad de su concejalía, cumpla estrictamente con la legalidad.
Responsabilidad con la que presuntamente no había cumplido, puesto que tuvo que rectificar ante la decisión de autorizar los cursos. O también es posible que no fuese decisión suya, lo que le eximiría de esta responsabilidad, pero en este segundo caso sería una irresponsabilidad más grave omitir el deber de vigilar todas las actividades realizadas en el ámbito de sus competencias, ya que casos como la conocida por todos “sustracción de dinero del pabellón”, deberían servir para rectificar los errores, y no gestionar de manera chiringuitera ninguna actividad pública, como iba a volver a suceder, pagando los cursos en mano, etc.
