Pedro Morillas dice que el fiscal no trata igual a alcaldes del PP y PSOE

El exdirector de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia Pedro Morillas, uno de los imputados en el presunto caso de corrupción urbanística en Murcia conocido por caso Umbra, ha acusado al fiscal de tener un trato distinto cuando el alcalde es del PP que cuando lo es del PSOE.

Esta consideración se contiene en el escrito presentado en el juzgado que tramita la causa sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad en el que rechaza la petición hecha por el fiscal. Anticorrupción para que sea ampliada la imputación que ya pesa sobre Morillas por prevaricación a los delitos contra la ordenación del territorio y fraude.

Morillas, que defiende su honorabilidad e inocencia y se queja del daño que le ha causado verse envuelto en este caso a instancias del fiscal, dice que este «nada acredita, nada prueba, ni siquiera indicio; se limita a especular, a conjeturar».

El recurso indica que no ha recibido «ni un euro» de Jesús Samper, propietario del Real Murcia y también imputado en esta causa por el convenio de Nueva Condomina, que, según el ministerio fiscal, habría supuesto importantes beneficios para este por la edificabilidad que se asignaba a los terrenos de su propiedad.

«El acuerdo municipal de aprobación del convenio en lo relativo a la cláusula de cuantificación del 10 por ciento de aprovechamiento -señala el recurrente- se basaba en una serie de argumentos, razones y justificaciones técnico-jurídicas que hacen que, aunque posteriormente fuese declarada no ajustada a derecho, tenga que excluirse, forzosamente, la prevaricación».

Indica también Morillas que «los datos de edificabilidad del plan (urbanístico) parcial de Nueva Condomina son correctos y ajustados a derecho; esta tesis fue declarada así por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en 2006».

El apelante no se explica «cómo habiéndose aprobado el convenio y el plan parcial con los votos a favor de la totalidad de los concejales de los grupos del PP y del PSOE, todos ellos con pleno conocimiento de su contenido y, en concreto, de los datos de edificabilidad, se dirija la imputación solo contra el señor alcalde (Miguel Ángel Cámara) y la concejal de Urbanismo» (Pilar Megía), ambos del PP.

«El señor Morillas -dice el recurso-, en relación con Samper y en relación con el asunto de Nueva Condomina, no ha recibido beneficio económico alguno, ni de otro tipo; lo único que ha tenido es trabajo y disgustos».

Recuerda en otro momento de su escrito que ha sido director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia desde 1986 hasta 2004, «nueve años con Gobierno local del PSOE y nueve años con Gobierno del Partido Popular, y durante todo ese tiempo ha mantenido su independencia funcionarial celosamente».

Morillas recoge igualmente lo que considera que es un trato desigual por parte del fiscal al juzgar la actuación de un alcalde del PP, como es el caso del de Murcia, Miguel Ángel Cámara, también imputado, y una alcaldesa del ayuntamiento de Lorquí, del PSOE, Resurrección García.

«Para el fiscal -comenta-, en Lorquí aprobar proyectos de reparcelación sin entrega del 10 por ciento de aprovechamiento, sin más, y no recuperar posteriormente este porcentaje que queda en manos de los propietarios del suelo no es delito; pero, en cambio, sí lo hay en Murcia en el caso de Nueva Condomina».

Se refiere así al decreto de archivo acordado por la fiscalía en las diligencias informativas que abrió en 2006 contra la exalcaldesa de aquel municipio al entender que no había materia penal.