El juez imputa al alcalde de Caravaca y pone en la mira al director general de Medio Ambiente

Los UCO buscan datos de la recalificación de la finca El Roblecillo para construir 8.000 casas y campo de golf

Ocho mil viviendas tienen la culpa. Ocho mil apartamentos, adosados y villas, a los que sumar el que en tiempos del ‘boom’ urbanístico constituía el habitual equipamiento de este tipo de resort: campo de golf, centro social, instalaciones de ocio… Ocho mil viviendas y el detalle, para nada prescindible, de que fueran a construirse sobre una gran extensión de terreno, unos nueve millones de metros cuadrados situados en la pedanía caravaqueña de Archivel, parte de los cuales pasaron de estar calificados como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (UN-F) a ser considerados Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado para Uso Residencial y Turístico. Todo ello con un convenio urbanístico de por medio, que salió adelante pese a la existencia de informes técnicos que desaconsejaban la reclasificación.

Tales son, muy resumidos, los hechos que ayer llevaron a un amplio grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a entrar en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz esgrimiendo una orden judicial, que les autorizaba para el registro de las dependencias y la incautación de cuanta documentación encontraran relacionada con ese plan urbanístico.

Fuentes próximas a la investigación confirmaron que el alcalde Domingo Aranda, del Partido Popular, tuvo que pasar por el difícil trance de ver cómo uno de los agentes le informaba de sus derechos y le hacía saber que se encontraba imputado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Si el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, lo estima pertinente, podría ser llamado más adelante para que preste declaración por tales cargos. Las mismas fuentes indicaron que en el centro del foco de la investigación se sitúan el actual director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Amador López García, que fue quien en 2004 tramitó ese plan parcial como concejal de Urbanismo de Caravaca de la Cruz, y un técnico municipal, el ingeniero de caminos J.C.A..

Tras los correos electrónicos

De hecho, los UCO llegaron ayer al Consistorio con indicaciones expresas de buscar e intervenir cuanta información hallaran en las dependencias municipales acerca de la actividad de Domingo Aranda, Amador López y J.C.A., y en concreto para que rastrearan en busca de sus correos electrónicos y de cualquier otra comunicación que pudieran haber cruzado entre sí o con los impulsores del proyecto urbanístico.

La intervención policial desarrollada ayer tiene su base en una pieza separada de las diligencias previas 5084/08, del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que se iniciaron hace cinco años con el fin de desenmarañar una trama de corrupción asentada en los municipios de Librilla y Aledo. El presunto cerebro era un alto funcionario de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde, quien falleció hace tres años en un accidente de tráfico.

Las primeras investigaciones apuntaron rápidamente a que el citado José Luis Cano, junto a su socio Domingo Peñalver y al constructor José Antonio Núñez Sánchez (también fallecido) se aprovecharon supuestamente de la influencia que el primero tenía como asesor de varios ayuntamientos para adjudicarse una gran cantidad de obra pública.

La documentación intervenida en los numerosos registros practicados entonces permitió conocer la existencia de una sociedad, denominada Golden Sky, constituida en agosto de 2004 por esos tres presuntos miembros de la trama junto a otro grupo de empresarios y promotores, entre los que se encontraba Luis Nicolás Mateos (impulsor del fallido proyecto ‘Lagoa do Coelho’ en Brasil, que ha dejado tras de sí a cientos de clientes perjudicados).

Los investigadores comprobaron que la única actividad de esa sociedad se refería a la adquisición en 2004 de una gran extensión de terreno en El Roblecillo, que pese a estar inicialmente calificado como suelo forestal fue reclasificado y pasó a ser urbanizable. El convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se firmó el 19 de noviembre de 2004, apenas una semana después de que el Pleno hubiera aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Son las supuestas irregularidades en la tramitación de ese plan parcial -basadas en la aparente existencia de informes técnicos que desaconsejaban el cambio de uso de los terrenos, e incluso en uno del propio equipo redactor del PGOU que era «desfavorable» a la recalificación por considerar El Roblecillo un área a proteger-, las que han llevado al juez Carrillo a ordenar la intervención de ayer. Domingo Aranda era el alcalde de Caravaca en aquel momento, y Amador López, el concejal de Urbanismo que tramitó el proyecto.

No se esperan detenciones

Además de las dependencias del Consistorio caravaqueño, los UCO visitaron ayer la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Consejería de Obras Públicas, una asesoría de Murcia, la sede de una inmobiliaria de Torrevieja y un domicilio particular, acerca de cuyo propietario no trascendieron datos.

Otras fuentes explicaron que la intervención policial desarrollada ayer responde a la necesidad de recabar toda la información posible acerca de esa operación urbanística, a lo que ahora seguirá un periodo, quizás de varios meses, para el análisis de la documentación. No se espera, de esta forma, que se puedan producir detenciones de forma inminente.

El registro del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz se prolongó por espacio de siete horas, entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde. Fue entonces cuando el alcalde abandonó la sede municipal, escoltado por un buen número de agentes de la Guardia Civil y por los gritos de ánimo y las palmas de algunos vecinos. Domingo Aranda se retiró a descansar a su domicilio, sin que pesara contra su persona medida cautelar alguna, y horas después, a las ocho y media de la tarde, ofreció una rueda de prensa.

Por otro lado, el Comité de Dirección del PP anunció que hoy se reunirá para analizar, «entre otras cosas», si se procede a suspender de militancia a Domingo Aranda. A la vista «de la información existente y de lo que nos cuente el alcalde, se tomará la decisión oportuna». Entre ellas, admitió, la de convocar el Comité de Derechos y Garantías, «que se trata del órgano del partido en el que se acuerdan decisiones temporales de militancia, expulsiones, suspensiones o bajas». Pero primero, enfatizó, «hay que escuchar a todo el mundo».

El consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, destacó la colaboración de su departamento y señaló que los UCO habían requerido una documentación concreta, en formato electrónico y en papel. «No se ha tratado propiamente de un registro», señaló.

Fuente: La Verdad