El fiscal mantiene sus peticiones de pena para el dueño de Trampolin y dos exdirigentes socialistas
Los abogados defensores del exalcalde de Campos del Río Ricardo Valverde, del exconcejal de Urbanismo Juan Luis Peñalver y del promotor del proyecto Trampolín Hills Golf Resort, Antonio Martínez, señalaron ayer en el juicio seguido contra ellos que la querella del actual alcalde, Miguel Buendía, origen de esta causa, pudo deberse a una venganza.
La letrada defensora de Martínez indicó en la última sesión de la vista oral, que comenzó el pasado martes, que la reacción de Buendía, que estaba al frente de la oposición cuando ocurrieron los hechos, pudo ser su respuesta a la negativa del promotor inmobiliario de comprar los terrenos ofrecidos por su padre porque pedía un precio desorbitado.
La sesión de ayer arrancó con la intervención del fiscal, que reiteró su solicitud de cuatro años de prisión y quince meses de multa para el exalcalde y el exconcejal y de dos años y seis meses de cárcel y quince meses de multa para el promotor inmobiliario.
El ministerio público sostiene que los tres acusados participaron en la confección de un documento que, según él, fue firmado en 2006 o 2007, aunque hicieron constar en el mismo que se extendía en julio de 2004, con lo que conseguían burlar las exigencias medioambientales impuestas por una modificación de la ley.
El fiscal insiste en que no existe una prueba directa de la comisión del delito de falsedad documental que les atribuye, pero sí hay indicios sobre los que basar una sentencia condenatoria. Para el fiscal, no tiene explicación que ese documento, que era solo un acuerdo de intenciones para la puesta en marcha del proyecto urbanístico, según los acusados, no fuese incorporado al expediente administrativo abierto para la modificación de las normas subsidiarias.
La acusación particular, ejercida en nombre de los concejales querellantes, se ha adherido al ministerio público y comentó que el exalcalde y el exconcejal, en el transcurso de dos sesiones del pleno municipal, negaron que existiera cualquier tipo de acuerdo con la empresa promotora del complejo, que proyectaba la construcción de 2.600 viviendas.
Los letrados defensores exigieron la absolución de los tres acusados, tras afirmar que no existen ni siquiera indicios para considerarlos autores del delito.
