El Tribunal Superior de Justicia informa de que en marzo fueron enterradas 1.921 personas por Covid-19 frente a las 708 oficiales
Los datos oficiales de enterramientos en Castilla-La Mancha indican que la cifra de fallecidos por coronavirus podría ser muy superior a la oficial. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha informado este lunes de que en el mes de marzo las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región relacionadas con el Covid-19 fueron 1.921. Eso supone que casi se triplican los datos oficiales de Sanidad, que sostienen que en ese periodo fallecieron por el virus en Castilla-La Mancha sólo 708 personas.
Los datos oficiales recopilados por los registros civiles indican que las defunciones en esa comunidad en marzo de 2020 se han incrementado un 96,3% con respecto a las ocurridas en el mismo periodo del año anterior. En 2019 hubo 1.691 fallecimientos, que han subido hasta 3.319 este año. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad en número de fallecidos por Covid-19, tras Madrid y Cataluña.
En un 57,9% de las muertes de este mes de marzo se recoge como causa del fallecimiento segura o probable la de Covid-19. El tribunal explica que entre los casos sospechosos se incluyen aquellos en que esa posibilidad aparece recogida en la certificación médica «o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa».
En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia resalta que la mera comparativa entre los fallecidos este año y los del año anterior indican que «muy posiblemente» los casos sospechosos son también fallecimientos por coronavirus, ya que existe «una clara desproporción» entre ambas cifras.
El más alto tribunal de la CCAA explica que en los primeros días con fallecimientos por coronavirus esta causa de muerte «no siempre aparecía» reflejada documentalmente, «debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio». Y eso pese a que «todos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma».
La afirmación coincide con las denuncias expuestas por la alcaldesa de Tomelloso (Ciudad Real), que se convirtió en la localidad con mayor porcentaje de fallecidos en España. La socialista Inmaculada Jiménez denunció públicamente que el número de muertes era aún mayor, pero que la negativa a realizar las pruebas a los fallecidos ocultaba la cifra real.
Ciudad Real es la provincia castellano-manchega con mayor porcentaje de fallecimientos debido al coronavirus, según la detallada información suministrada por el presidente del TSJ, Vicente-Manuel Rouco Rodríguez. Un 73,3% de las muertes de marzo se debieron al Covid-19.
No se han publicado datos nacionales detallados de fallecimientos como los proporcionados por el TSJ de Castilla-La Mancha. Para lograrlo, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, dictó el sábado una instrucción ordenando que todos los registros remitieran al concluir la jornada un correo con el número de defunciones recibidas y de licencias de enterramiento tramitadas. El correo debía precisar la localidad de fallecimiento y si la muerte se había producido en una casa, un hospital o una residencia.
«Se hace preciso, para poder ser eficaces en la lucha contra esta pandemia, tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen, datos que deben conocerse con el mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad, una vez comprobado que por el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los Registros civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma [informática] Inforeg», explicaba la instrucción.
Consciente de la enorme carga de trabajo que han asumido los registros civiles debido a la pandemia, Puente explicaba que el cumplimiento de la nueva instrucción era «la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible». Eso, además, permitirá también a las autoridades sanitarias «poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados».
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido este lunes a las disparidad de cifras. Lo ha achacado a varios motivos, entre ellos las «limitaciones» informáticas del Ministerio o la imprecisión con la que se describen en ocasiones las causad de fallecimiento .de quien dependen los registros. «Las discrepancias que está habiendo entre unos datos y otros estamos corrigiéndolas diariamente», ha dicho Campo, recordando al reciente instrucción a los registros. «Estas mecánicas son las que tenemos que pulir porque necesitamos información precisa para dar información útil a las autoridades sanitarias.
Fuente: elmundo.es
