El Gobierno de la Región de Murcia establecerá sanciones de hasta 90.000 euros para evitar la okupación de viviendas a través de un decreto que se aprobará esta misma semana.

Según ha explicado el presidente López Miras, «la okupación es un problema social» que genera unas 40 denuncias diarias en España, pero el Gobierno central «no está afrontando ese asunto», por lo que el autonómico tiene previsto aprobar el citado decreto.

Entre sus medidas, ha avanzado que habrá sanciones de 90.000 euros a las personas que ocupen viviendas sociales, de hasta 15.000 euros para las personas que instiguen y propicien la ocupación de las mismas, y restricciones para que quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos no puedan acceder a viviendas sociales en un plazo de 10 años.

Además, ha dicho, se establecerán mecanismos de coordinación y servicios de mediación hipotecaria para evitar desahucios, y medidas para que las empresas de suministros solo puedan dar de alta a los legítimos propietarios de las viviendas y que estén obligadas a avisar en caso de sospechas de ocupación.